Estados Unidos
Blockchain es uno de los mayores hitos tecnológicos de las últimas décadas. Conceptualizada en la década de los noventa y nacida en 2008, se trata de una tecnología que no ha cesado en su desarrollo y cuyo potencial y proyección futura siguen tan pujantes como en sus inicios.
Su seguridad y transparencia, unidas a su innovadora y disruptiva naturaleza, se muestran capaces de remover las bases de los modelos organizativos y productivos actuales. Ello, sumado al resto de características que posee y de posibilidades que permite, hace de blockchain una tecnología con el potencial suficiente como para generar un impacto notable —tanto positivo como negativo— en la sociedad y, consecuentemente, en la ciencia jurídica.
El derecho de la competencia, como eje fundamental de la protección de los mercados, indudablemente se verá afectado por las externalidades dimanantes de las cadenas de bloques.
No obstante, dicha afección resulta ambivalente. Efectos positivos como la descentralización del poder y la generación de eficiencias en los mercados pueden, en cambio, verse limitados por las dificultades que constituye blockchain para la aplicación de la normativa de libre competencia en estos ámbitos tecnológicos. Tales dificultades se traducen en obstáculos a la detección e investigación de ilícitos anticompetitivos, y que a su vez dificultan el ejercicio de la potestad sancionadora —y el establecimiento de remedios— por parte de las agencias concurrenciales.
La circunstancia de que exista un ámbito de la realidad en el que la normativa no pueda ser eficazmente aplicada consagra un espacio de impunidad en el que poder trasgredir libremente y sin consecuencias los límites definidos por la normativa de defensa de la competencia. Dicha concepción pervierte los fundamentos del propio sistema e implica, en la práctica, la desprotección de los bienes jurídicos cuya tutela se pretende.
Por ello, en el presente documento se analizan los obstáculos que las cadenas de bloques configuran para la detección e investigación de conductas anticompetitivas llevadas a cabo en estos entornos y, en consecuencia, para la aplicación de la legislación antitrust.
Blockchain is one of the greatest technological milestones of the last decades. Conceptualized in the nineties and born in 2008, blockchain is a technology that has not ceased in its development and whose potential and future projection are still as vivid as in its beginnings.
Its security and transparency, together with its innovative and disruptive nature, are capable of shaking the foundations of current organizational and production models. This, added to the other characteristics and possibilities it possesses, makes of blockchain a technology with enough potential to generate a notable impact —both positive and negative— on society and, consequently, on legal science.
Competition law, as the cornerstone of market protection, will undoubtedly be affected by the externalities arising from blockchain.
However, this effect is ambivalent. Positive externalities such as power decentralization and the generation of market efficiencies may, on the other hand, be limited by the difficulties that blockchain poses for the application of antitrust legislation in these technological environments. Such difficulties result in obstacles to the detection and investigation of anticompetitive practices, which in turn hinder the authority of competition agencies for the imposition of sanctions and remedies.
The fact that there is a sphere of reality in which the regulations cannot be effectively enforced creates an area of impunity in which the limits defined by antitrust regulations can be freely transgressed without consequences. Such a conception perverts the foundations of the system itself and implies, in practice, the lack of protection of the legal assets whose defense is sought.
For that reason, this document analyzes the obstacles that blockchains pose for the detection and investigation of anticompetitive practices carried out in these environments and, consequently, for the application of antitrust legislation