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María José Rodríguez Ramos
La reforma de la contratación laboral, y específicamente por lo que nos compete del artículo 15.5 ET, ha venido impulsada por las “exigencias” de la Unión Europea. Inicialmente, a través de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada; en la que ya se ponía de manifiesto “la voluntad de establecer un marco para impedir los abusos en la utilización de los sucesivos contratos de trabajo de duración determinada”; y posteriormente (han pasado casi 23 años desde la aprobación de la Directiva) y desde esa fecha, por peticiones de la Unión Europea de rebajar los altos niveles de contratación temporal y de abusos en su utilización en nuestro país. Finalmente, el marco COVID y la necesidad de obtener los Fondos europeos por España han acelerado el proceso de reforma
The reform of labor contracting, and specifically because of what concerns us in article 15.5 ET, has been driven by the “demands” of the European Union. Initially, through Council Directive 1999/70/EC of 28 June on the framework agreement on fixed-term work for ETUC, UNICE and CEEP; which already showed “the will to establish a framework to prevent abuses in the use of successive fixed-term employment contracts”; and subsequently (almost 23 years have passed since the approval of the Directive) and since that date, due to requests from the European Union to reduce the high levels of temporary hiring and abuses in its use in our country. Finally, the COVID framework and the need to obtain European Funds for Spain have accelerated the reform process.
