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Manuel Izquierdo Carrasco 
Este estudio muestra que la clásica teoría de la policía administrativa, convenientemente acotada y constitucionalizada, ofrece una explicación satisfactoria de ciertas modulaciones en el sometimiento de la Administración al principio de legalidad que se han puesto de manifiesto en la actividad administrativa desarrollada frente al COVID-19. En particular, la validez de las cláusulas generales de apoderamiento contenidas en determinadas leyes sanitarias –que serían inadmisibles en otros sectores– y de las actuaciones praeter legem. Además, esta teoría aporta valiosos elementos que delimitan el alcance de estas modulaciones, tanto en su contenido como en sus destinatarios, y que parten de su fundamento: el deber jurídico de no perturbar el orden público. Por otro lado, el trabajo también explicita que la institución de la policía administrativa, complementada con la teoría del estado de necesidad, puede deslindar el espacio de legitimidad de las actuaciones administrativas contra legem, donde el jurista se ve en la necesidad de navegar entre el realismo jurídico y la posición radicalmente formalista del Tribunal Constitucional español, sin olvidar los graves riesgos que estas actuaciones pueden suponer para las libertades y derechos de los ciudadanos.
This paper aims to show that classic theory of «public order doctrine» –if correctly defined and constitutionalised– offers a clear explanation on why the legality principle that rules for Public Administration can be softened under certain circumstances; for instance, due to a public health crisis such as the COVID-19 pandemic. In particular, it allows to assert the lawfulness of general clauses conferring powers upon the Public Administration enshrined in sanitary laws or the lawfulness of praeter legem acts. This theory is also useful to establish the extent of the said softening of the principle of legality, according to its grounds: the legal duty not to disturb public order. Moreover, this paper also shows that public order doctrine, when combined with the state of necessity, offers an explanation of the lawfulness of contra legem administrative acts. This explanation is a compromise between legal realism and the extremely formalistic case law developed by the Spanish Constitutional Court, always keeping in mind that this contra legem administrative acts pose a serious risk for civil rights.
