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Ana Belén Morales Solis
El ordenamiento jurídico ecuatoriano ha sufrido varias modificaciones en relación con la consulta popular por iniciativa ciudadana. Primero, el veintiuno de diciembre de 2015, una de las enmiendas constitucionales limitó el alcance la de consulta popular. Segundo, los precedentes de la Corte Constitucional del Ecuador han establecido reglas generales respecto al procedimiento de consulta popular por iniciativa ciudadana. Tercero, la Corte Constitucional ha emitido un reglamento que altera la contabilidad de plazos y términos del procedimiento de consulta popular.
“Donde haya leyes claras y precisas, el oficio de un juez no consiste más que en comprobar un hecho” . No obstante, todas las modificaciones mencionadas han sido realizadas directa e indirectamente por parte la Corte Constitucional del Ecuador; entonces ¿el legislador no ha emitido leyes claras y precisas? Independiente de aquello, la Corte Constitucional, al hacer aclaraciones a normas relacionadas con la consulta popular, ha ocasionado restricciones al derecho de participación ciudadana. Esto a través de la obstaculización en el ejercicio de la democracia directa e incertidumbre en el procedimiento de consulta popular por iniciativa ciudadana.
De esta manera, se analizan tres puntos fundamentales. En primer lugar, el alcance de la consulta popular ha sido limitado, en virtud de que la enmienda constitucional de 2015 restringió el derecho de participación ciudadana. En segundo lugar, a través de jurisprudencia obligatoria, la Corte Constitucional del Ecuador ha establecido que el control constitucional se realiza luego de la recolección de firmas. Lo que ha llevado a que los ciudadanos tomen el riesgo de dedicar esfuerzos económicos y físicos a recolectar firmas con la incertidumbre de que las preguntas sean constitucionales. Esto ha conllevado la obstaculización e ineficacia del procedimiento de consulta popular. Finalmente, la Corte Constitucional, a través de su reglamento, ha cambiado el conteo de plazos y términos escudándose para no cumplir con los plazos establecidos en la Constitución. Así, todas las actuaciones de la Corte Constitucional del Ecuador han llevado a determinar un claro gobierno de los jueces.
The Ecuadorian legal system has undergone several modifications in relation to popular consultation by citizen initiative. First, on December 21, 2015 one of the constitutional amendments has limited the scope of popular consultation. Second, the precedents of the Constitutional Court of Ecuador have established general rules regarding the popular consultation procedure by citizen initiative. Third, the Constitutional Court has issued a regulation that alters the accounting of terms of the popular consultation procedure.
When the laws are clear and precise, the function of the judge is only to prove a fact . However, all the modifications have been made directly and indirectly by the Constitutional Court of Ecuador. So, the legislator has not issued clear and precise norms? Independent of that, the Constitutional Court, searching to clarify and specify normative precepts, has occasioned restrictions on the rights to citizen participation, obstacles to the exercise of direct democracy and uncertainty in the popular consultation instead.
In this way, three fundamental points will be analyzed. First, the scope of the popular consultation has been limited by virtue of a constitutional amendment restricting the right of citizen participation. Secondly, through compulsory jurisprudence, the Constitutional Court of Ecuador has established that constitutional control is carried out after the collection of signatures, leading to citizens taking the risk of devoting economic and physical efforts to collect signatures with uncertainty that the questions are constitutional. This has led to hindering and ineffectiveness of the popular consultation procedure. Finally, the Constitutional Court, through its regulations, has changed the counting of deadlines and terms by shielding itself from the deadlines established in the constitution. Thus, all the actions of the Constitutional Court of Ecuador have led to a clear government of the judges.
