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María Amparo García Rubio
La aprobación de la L.O. 3/2018, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ha puesto fin a la situación previa de ausencia de regulación legal específica en materia de control tecnológico en la relación laboral. No obstante, la llegada de esta Ley no ha acabado con todos los interrogantes que la cuestión plantea, no sólo por las dudas interpretativas que generan algunas de sus previsiones, sino también porque ahora es necesario determinar la relación entre ese nuevo parámetro de legalidad y el canon de constitucionalidad. Estas controversias se están haciendo visibles en la práctica judicial, de ahí que el presente estudio se dirija a profundizar en esos nuevos conflictos suscitados, con especial atención a los vinculados al deber empresarial de información.
The approval of the L.O. 3/2018, Protection of personal data and guarantee of digital rights, has ended the previous situation of absence of specific legal regulation on technological control in the labour relation. However, the arrival of this Law has not eliminated all the questions that the matter raises, not only because of the interpretative doubts generated by some of its provisions, but also because it is now necessary to determine the relationship between this new parameter of legality and the constitutional canon. These controversies are becoming visible in judicial practice, hence the present study is aimed at delving into these new conflicts, with special attention to those linked to the corporate duty of information.
