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La pandemia ocasionada por el COVID-19 nos encontró inmersos en una crisis civilizatoria en la que el hambre y la pobreza continúan siendo un flagelo y una violación de los derechos humanos fundamentales, acrecentando la inseguridad alimentaria. En Brasil, los Gobiernos de los estados realizaron modificaciones para el cumplimiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) en este tiempo de pandemia. Al analizar el cumplimiento de dicho compromiso en el estado de São Paulo, encontramos que la creciente crisis socioeconómica ha afectado al programa, que ya venía sufriendo insuficiencias presupuestarias, producto de una inflación acumulada que alcanzó casi el 10 por ciento en este periodo excepcional. Tuvieron lugar cambios legales para el traslado de recursos a los padres o responsables de los estudiantes, afectados también por el alto desempleo y que se enfrentan a los elevados precios de productos en compras detalladas. Concluimos que, ante la compleja situación sociopolítica y económica de Brasil, la necesaria existencia del PNAE requiere de ajustes para cumplir con el objetivo de desarrollo saludable de los estudiantes, además de con el propio derecho a la educación.
The pandemic caused by COVID-19 found us immersed in a civilizational crisis where hunger and poverty continue to be a scourge and violation of fundamental human rights, increasing food insecurity. In Brazil, state governments made modifications to comply with the National School Feeding Program (NSFP) in this time of pandemic. In the analysis of compliance with this commitment in the state of Sao Paulo, we find that the growing socioeconomic crisis has affected the program that had already been suffering from budget shortfalls, as a result of accumulated inflation that reached almost 10% in this exceptional period. Legal changes occurred for the transfer of resources to student representatives, also affected by high unemployment, who face high prices of products in detailed purchases. We conclude that the necessary existence of the NSFP requires adjustments to the complex socio-political and economic situation of Brazil, to comply with the healthy development of students, in addition to the right to education itself.
