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Fruela Río Santos
La instauración de un Consejo de la Magistratura en la República de Argentina ha sido fruto de un trabajo lento, cuestionado y cuestionable a día de hoy, donde ha pervivido un clima de confrontación constante entre los tres poderes y el sometimiento férreo del Poder ejecutivo y legislativo al Poder judicial. La ambivalencia del contenido de los arts. 114 y 115, con la reforma constitucional de 1994, ha permitido generar serias dudas sobre la existencia o inexistencia de la independencia judicial y del reconocimiento de las garantías judiciales de un Estado de Derecho. La ley que desarrolla el Consejo de la Magistratura ha sufrido diferentes modificaciones desde su promulgación, algunas de ellas han logrado mejorar en cierta medida el funcionamiento interno del órgano, pero el problema central no se ha resuelto sino que se ha incentivado, porque la reducción de su composición del Consejo de la Magistratura y su excesiva dependencia por parte del Poder ejecutivo hacen peligrar la separación de poderes. Para solventar y mejorar la situación creada no solo se necesita una reforma de los preceptos constitucionales citados sino una despolitización del Consejo de la Magistratura, al igual que una mayor conciencia y voluntad política, empezando por el reconocimiento expreso, a través de la ley, de la separación de poderes y terminando con la no injerencia del Poder ejecutivo,así como del Poder legislativo, frente al judicial. En este trabajo no solo se estudiará el Consejo de la Magistratura, desde todas sus vertientes y extensión, sino que también se incidirá en un órgano realmente llamativo y de dudosa constitucionalidad, el denominado Jurado de Enjuiciamiento.
The establishment of the Magistracy Council in the Republic of Argentina has been the result of a slow, questioned and still questionable work to this very day, where a climate of constant confrontation between three separate powers and the iron submission of the Executive and Legislative Power to the Judicial Power. The ambivalence of the content of articles 114 and 115, alongside the constitutional reform of 1994, has allowed serious doubts to be formed regarding the existence or non-existence of judicial independence and recognition of the official guarantee of the State of Law. The law instilled by the Magistracy Council has undergone various changes since its promulgation, some of them having managed to improve to a certain extent the internal functioning of the aforementioned body, but the core problem has still not been resolved if not encouraged, due to the reduction of the composition of the Magistracy Council and its excessive dependence on the executive branch endangering the separation of powers. Solving and improving the current situation would not only require a reform of the cited constitutional precepts but also a depoliticization of the Magistracy Council, as well as greater awareness and political will, starting with the recognition, through law, of the separation of powers and ending with the non-interference of the Executive branch, as well as the Legislative branch, with the Judicial. In this essay, not only will be studying all the aspects of the Magistracy Council but also a body of dubious constitutionality, the so-called Jury of Prosecution.
