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Antonio D'Atena 
El principio de subsidiariedad, acogido de modo significativo por la Constitución italiana, tiene un sentido disruptivo, similar al del principio de separación de poderes en el momento de su afirmación histórica. Por un lado, enriquece el sistema de garantías del orden liberal-democrático, protegiendo los niveles institucionales y sociales más cercanos a los interesados; por otro lado, obedece a una lógica de solidaridad, exigiendo la intervención de entidades más lejanas cuando las más cercanas se muestran inadecuadas. Por otra parte, se basa en una lógica de solidaridad, que obliga a las autoridades más alejadas a intervenir cuando las más cercanas son inadecuadas. Funciona en estrecha relación con el principio de proporcionalidad, que implica la graduación de los actos adoptados con carácter subsidiario (en virtud del cual los actos más intrusivos sólo pueden utilizarse si los menos intrusivos son inadecuados). Según el autor, en la subsidiariedad horizontal, el principio exige también la graduación de los actores, favoreciendo a aquellos territorial y funcionalmente más cercanos al grupo social que deben regular. Este es el espacio en el que operan las llamadas autonomías funcionales.
The effect of the subsidiarity principle’s explicit acceptance by the Italian Constitution was a breakthrough not unlike what happened at the time when the principle of the separation of powers was affirmed. On the one hand the subsidiarity principle promotes the protection of the institutional and social levels closest to stakeholders, which made it a welcome addition to the system of checks and balances typical of all liberal-democratic systems. On the other hand, the principle pertains to an ideal framework of solidarity, where farther removed bodies intervene whenever those closer to stakeholders prove inadequate. Furthermore, the subsidiarity principle operates in close connection with the principle of proportionality, which requires all acts performed in a subsidiary capacity to be gradual; in other terms, more intrusive acts can only be resorted to if less intrusive ones prove inadequate. According to the Author, in horizontal subsidiarity the principle also requires a gradual approach in the choice of actors: those territorially and functionally closest to the social group to be regulated are to act first. Moreover, this is precisely the area of operation of the so-called ‘functional autonomies’.
