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David Martín Herrera
Establecer el límite entre lo que es socialmente permisible y lo penalmente punible siempre ha sido objeto de controversia. Y cuando en ello se pueden ver afectados dere-chos fundamentales, la problemática está asegurada y la seguridad jurídica en riesgo. En los últimos años, demasiados han sido los internautas que se han visto involucrados en indeseados procedimientos penales a consecuencia de los mensajes que han divulgados en las redes sociales. Las múltiples condenas por la difusión de contenidos, sin riesgo real para las personas, han encendido las alarmas del Consejo de Europa. A principios de 2021, la Comisaria para los derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, envió una nota al Ministro de Justicia español expresando, con presunción, su preocupación por el incremento de condenas penales sobre artistas y activistas de la social media con respecto a las letras de sus canciones o los mensajes divulgados. La misiva, llegaba en un momento en el que el debate interno, en torno a la libertad de expresión, ha adquirido un tono más contundente con respecto a los límites constitucionalmente exigibles a la expresión artística y de los medios de comunicación social. Concretamente, en la última década la disyuntiva ha venido girando en torno a la persecución de conductas expresivas relacionadas con la glorificación o justificación del terrorismo, la incitación al odio y el honor de la Corona y las instituciones. El presente artículo analiza las bases del especial margen de apreciación que se ha venido otorgando a las conductas delictivas relacionadas con la justificación o el ensalzamiento del terrorismo en España, las directrices que han conducido al establecimiento de la norma y el tratamiento impartido por los tribunales. Para ello se han seleccionado diversos casos judiciales, de máxima actualidad, en los que se expone la disparidad de criterios judiciales. Los datos arrojados serán contrastados con la reciente jurisprudencia europea y se equilibrarán al modo del test de medidas necesarias en una sociedad democrática aplicado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Establishing the limit between what is socially permissible and what is criminally pun-ishable has always been the subject of controversy. And when fundamental rights are concerned, the problem is assured and legal security is at risk. In recent years, too many Internet users have been involved in unwanted criminal proceedings as a result of the messages expressed on social networks. The multiple convictions for the dissemination of content without real risk to people have set off the alarms of the Council of Europe. At the beginning of 2021, the Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, Dunja Mijatović, sent a note to the Spanish Minister of Justice expressing, with presumption, her concern about the increase in criminal sentences against artists and activists of the social media with respect to the lyrics of their songs or the disclosed messages. The missive has come at a time when the internal debate on freedom of expression has acquired a more forceful tone with respect to the constitutionally enforceable limits to artistic expression and the social media. Specifically, in the last decade the dilemma has revolved around the persecution of expressive behaviours related to the glorification or justification of terrorism, incitement to hatred and the honour of the Crown and the institutions. This article will analyse the bases of the special margin of appreciation granted to criminal behaviours related to the justification or glorification of terrorism in Spain, the guidelines that have led to the establishment of the norm and the treatment given by the courts. The data released will be contrasted with recent European jurisprudence and will be balanced in the manner of the test of necessary measures in a democratic society of the European Court for Human Rights.
