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Anna María Ruiz Martín
En esta cuestión prejudicial (C-73/20), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se enfrenta de nuevo (como ya lo hizo en jurisprudencia anterior), a dirimir la pregunta sobre cual es la ley que se tiene que aplicar para actos o contratos perjudiciales para los acreedores en un pro-cedimiento de insolvencia transfronterizo. De esta forma, el TJUE analiza cómo y cuándo, -de acuerdo con las normas del Derecho Internacional privado europeo (DIPr europeo) que existen para estos procedimientos, esto es, la lex specialis (artículos 4 y 13 del Reglamento europeo de insolvencia) o la lex generalis (artículo 12 párrafo 1 letra a del Reglamento Roma I)-, uno u otro son de aplicación para determinar la correcta ley aplicable a ciertos actos emanados de obligaciones contractuales que se pueden considerar perjudiciales para todos los acreedores. Con otras palabras, si se debe aplicar la ley que rige todo el concurso en el Estado donde se comenzó el procedimiento de insolvencia (lex concursus) o la ley del país donde se celebró dicho actos / contracto-s perjudiciales (lex contratus). Sin embargo, la particularidad de este caso se basa en que la compañía insolvente realizó el pago tardío cuando se había iniciado el procedimiento de insolvencia, de parte de una compañía que debía dinero a otra compañía que no era uno de los acreedores del concurso, mediante una “presunta” subrogación y cesión de créditos que el TJUE no entra a analizar.
In this preliminary ruling (C-73/20), the Court of Justice of the European Union (CJEU) faces again (as did in former case law), the issue of what law is applicable to detrimental acts within the course of a cross border insolvency proceeding. On this occasion, the CJEU analyses how and when, –according to the EU Private International Law (EU PIL) at hand for those proceedings, i.e.: the lex spe-cialis (articles 4 and 13 Insolvency Regulation) and the lex generalis (article 12 para 1 lit a Rome I Re-gulation)–, which one is of application to determine the law applicable to acts which can be considered as “detrimental” to all the creditors. With other words, whether it would be applicable to the detrimental act, the lex concursus which governs the insolvency proceedings as a whole or the lex contractus which governs the law to the contract which led in these detrimental acts. However, the particularity of this case which is highly significant is grounded in the different relationships of the parties as a consequence of an “alleged” assignment between the insolvent company, the original debtor and an outsider creditor to this cross-border insolvency proceeding. Something that the CJEU did not pore it over as expected.
