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Desde que el mundo es mundo, la vida de la administración pública ha sufrido innumerables cambios en su organización y estructura.
En nuestros días sigue sucediendo lo mismo, organigramas que cambian vertiginosamente al pensamiento y obra del funcionario de turno, pero nunca a favor de la propia administración.
Este es el motivo por el cual también los documentos sufren las transformaciones propias de las nuevas o desaparecidas actividades que en ellos se reflejan.
Esto no sería mayor problema en tanto y en cuanto, la herencia jurídica o continuidad de las mismas, fueran evidenciadas en las normas de regulación del procedimiento.
Los documentos, de esa área, no se encuentran mencionados en las disposiciones emitidas en la creación o supresión de las nuevas estructuras.
Con el tiempo, incide en la destrucción de éstos, cuando se debe tomar la decisión de que hacer con la documentación.
La autoridad de turno, no quiere hacerse cargo de los documentos que no se generaron en su gestión, por lo cual la acumulación inútil de innumerables documentos, conllevan a un gasto desmesurado de conservación de los mismos, arrastrando una cadena de responsabilidades innecesaria.
¿Hasta donde llega la obligación?
