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Agustín Sánchez de Vega 
La Constitución de 1978 reconoce la "libertad de enseñanza" y el "derecho a la educación", como derechos públicos subjetivos, conciliando los principios de libertad e igualdad, que están en la base de los preceptos de su artículo 27. A partir de ello, se aborda someramente el contenido del derecho a la educación y la prestación educativa, el vínculo de éste con los valores y principios constitucionales, y la directriz positiva de superación de cualquier tipo de discriminación en cuanto igualdad de oportunidades educativas. La acción política del Gobierno de Castilla y León se ha volcado en la "atención a la diversidad" de nuestros alumnos, lo que confirma una tendencia muy positiva hacia la real y efectiva igualdad en el disfrute de la prestación educativa.
