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Nuestro Estado de las Autonomías atraviesa un momento crucial. Si volvemos la vista atrás, podemos sentirnos orgullosos del trayecto recorrido. Las Comunidades Autónomas se han afianzado. Constituyen una pujante e irreversible realidad. Pero hoy, 25 años después de su alumbramiento, tenemos la sensación de que ese modelo, que gozaba en apariencia de buena salud, está siendo cuestionado por algunas fuerzas políticas de signo nacionalista, que se apresuran a levantar el acta de defunción de dicho sistema y reivindican un nuevo marco de juego. En el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, estas fuerzas, que aceptaron en su día el modelo vigente como una solución de compromiso provisional, reclaman una nueva lectura del texto constitucional. No se sienten cómodas dentro del marco constitucional y expresan su malestar. ¿Estamos realmente ante el final de un ciclo? En esta coyuntura crítica, tres son las opciones disponibles. Y las tres son políticamente legítimas, siempre que en su defensa y aplicación se respeten escrupulosamente las reglas de juego que nos hemos dado. O se pone punto final (de una vez por todas o por un tiempo, al menos) al proceso de construcción de nuestro Estado de las autonomías, dando por buena su configuración actual; o se introducen algunas modificaciones con el fin de completar y perfeccionar ese modelo; o bien se liquida esta fecunda experiencia de autogobierno de cinco lustros, como una fórmula que ha agotado todas sus po tencialidades, y se apuesta decididamente (en la línea marcada por la Declaración de Barcelona) por un nuevo pacto de carácter confederal, que presupone el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones que componen el Estado español. El trabajo se detiene en el estudio de la propuesta rupturista del lehendakari Ibarretxe y de las propuestas de reforma del Estatuto formuladas por las formaciones catalanas.
Nuestro Estado de las Autonomías atraviesa un momento crucial. Si volvemos la vista atrás, podemos sentirnos orgullosos del trayecto recorrido. Las Comunidades Autónomas se han afianzado. Constituyen una pujante e irreversible realidad. Pero hoy, 25 años después de su alumbramiento, tenemos la sensación de que ese modelo, que gozaba en apariencia de buena salud, está siendo cuestionado por algunas fuerzas políticas de signo nacionalista, que se apresuran a levantar el acta de defunción de dicho sistema y reivindican un nuevo marco de juego. En el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, estas fuerzas, que aceptaron en su día el modelo vigente como una solución de compromiso provisional, reclaman una nueva lectura del texto constitucional. No se sienten cómodas dentro del marco constitucional y expresan su malestar. ¿Estamos realmente ante el final de un ciclo? En esta coyuntura crítica, tres son las opciones disponibles. Y las tres son políticamente legítimas, siempre que en su defensa y aplicación se respeten escrupulosamente las reglas de juego que nos hemos dado. O se pone punto final (de una vez por todas o por un tiempo, al menos) al proceso de construcción de nuestro Estado de las autonomías, dando por buena su configuración actual; o se introducen algunas modificaciones con el fin de completar y perfeccionar ese modelo; o bien se liquida esta fecunda experiencia de autogobierno de cinco lustros, como una fórmula que ha agotado todas sus po tencialidades, y se apuesta decididamente (en la línea marcada por la Declaración de Barcelona) por un nuevo pacto de carácter confederal, que presupone el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de las naciones que componen el Estado español. El trabajo se detiene en el estudio de la propuesta rupturista del lehendakari Ibarretxe y de las propuestas de reforma del Estatuto formuladas por las formaciones catalanas.
