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Clara Moya Guillem, Carmen Durán Silva
La Ley Orgánica 8/2021 ha acometido reformas sustanciales en el Código penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el firme propósito de tutelar de un modo reforzado a las víctimas menores de edad. Estas modificaciones se suman a un numeroso elenco depreceptos del que ya disponían ambos cuerpos normativos con la misma finalidad. En este trabajo se analizan todas estas previsiones en vigor (y también las proyectadas) con el objetivo de conocer si los criterios político-criminales escogidos para fijar la edad por debajo de la cual se presume la fragilidad del menor están justificados. La conclusión alcanzada es que no se ha atendido a la evidencia científica para graduar la vulnerabilidad del menor en la legislación penal sustantiva y sería necesaria unareforma en este ámbito.
Organic Law 8/2021 has undertaken substantial reforms in the Criminal Code and in the Criminal Procedure Act with the firm intention of reinforcing the protection of underage victims. These modifications are in addition to a large number of provisions already in existence for the same purpose in both bodies of legislation. This paper analyses all these provisions in force (and also those planned) with the aim of finding out whether the political-criminal criteria chosen to set the age limit for presuming the fragility of minors are justified. The conclusion reached is that scientific evidence has not been taken into account in grading the vulnerability of minors in substantive criminal legislation and that reform in this area is needed.
