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David J. Domínguez González, Mario Domínguez Sánchez-Pinilla
El informe social judicial, por sus características y práctica, constituye un instrumento de normalización jurídico-punitiva. A través de una indagación en torno a las anomalías y las formas de privación que caracterizan la existencia de la persona estudiada, construye un conjunto estereotipado de datos que van más allá de lo biográfico para responder a una demanda jurídica específica. Por una parte, ello convierte a la práctica profesional del trabajo social en un satélite del medio judicial, pero sobre todo transforma la biografía en un dispositivo que permite comparaciones, una codificación de lo singular en lo colectivo construido como referente y que tiene valor como síntoma de irregularidad. Así, el informe social se convierte en una herramienta donde los desajustes recopilados funcionan como una prueba explicativa destinada a un juicio, al revelar que la trayectoria psico-social del peritado hace que el delito (o la demanda de una prestación) se convierta en una disposición permanente.
The judicial social report, by its characteristics and practice, constitutes an instrument of legal-punitive standardization. Through an inquiry into the anomalies and forms of deprivation that characterize the existence of persons under study, it constructs a stereotyped set of data that goes beyond the biographical to respond to a specific juridical demand. On one hand, this turns the professional practice of social work into a satellite of the judicial milieu, but above all it transforms the biography into a device that allows comparisons, a codification of the singular in the collective constructed as a referent and which has value as a symptom of irregularity. Thus, the social report becomes a tool in which the collected maladjustments function as explanatory evidence destined for a trial, by revealing that the psycho-social trajectory of the expert witness makes the crime (or the demand for a benefit) become a permanent disposition.
