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William Farfán Moreno
Una de las principales preocupaciones del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (2016) es garantizar, mediante estrategias de seguridad, los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de las poblaciones y territorios que, especialmente, se vieron afectados por el conflicto armado. Bajo este presupuesto, el objetivo del artículo es analizar los aspectos relacionados con la seguridad humana, medio ambiente y paz territorial en el Acuerdo final, con el fin de plantear algunas consideraciones acerca de su implementación. La metodología empleada fue el Análisis del Discurso Político (ADP) para sustentar que el Acuerdo final es un discurso político y, como tal, es susceptible de ser analizado empíricamente. La principal conclusión es la necesidad de implementar una política de seguridad en sentido amplio que tenga como centro la persona y las comunidades. Dicha seguridad se encuentra expresada en el punto de la reforma rural integral y, parcialmente, en el punto de la solución al problema del narcotráfico. Como conclusión, se plantea la necesidad de implementar dichos puntos con un enfoque de seguridad ampliada, especialmente, pero combinada con la seguridad tradicional limitadamente, sin que se traslapen para evitar nuevas violencias en los territorios.
One of the main concerns of the Colombian Peace Agreement (2016) is to guarantee, through security strategies, all economic, social, cultural, political and environmental rights of peoples and territories that were especially affected by the armed conflict. Under this assumption, it is the goal of this article to analyze different aspects related to human security, environment and territorial peace contained within the agreement, in order to propose some considerations regarding its implementation. The methodology employed is Political Discourse Analysis, in order to sustain that the agreement constitutes a political discourse, and as such, it is susceptible of being analyzed empirically. The main finding is the need for implementing an expanded security policy that has as its center people and communities. This type of security is manifested in the chapter of integral rural reform, and partially, in the chapter of the solution to the drug trafficking problem. In conclusion, it is necessary to implement these chapters with an expanded security approach, but also combined with traditional security in a limited way, without overlapping each other, to avoid further violence in the territories.
