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Carlos M. Romero Berdullas
La “objetividad del fiscal” no solo constituye una garantía de los imputados ante persecuciones signadas por la arbitrariedad, sino también un reaseguro de las víctimas (comunidad política y particular) de los hechos penales, de que dado ese mal gravísimo llamado “delito”, la lesión al orden de justicia será restaurada en procura de las justas exigencias del bien común. Los conceptos indeterminados implícitos en la insignificancia procesal, la orfandad de controles republicanos y la posible defectuosidad del hombre son algunos de los riesgos expuestos en este trabajo, que interpelan a asegurar esa “garantía de objetividad” en el fiscal, ya sea disipando dudas susceptibles de anidarse en la sociedad sobre la credibilidad del sistema de justicia ante designaciones especiales; como así también, librando a los acusadores públicos de potenciales presiones, influencias e interferencias en su autonomía funcional, pues éstas podrían traducirse en desmedro o privilegio de un caso particular.
