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Se trata del caso de un profesor de religión y moral católica de un centro docente público en Murcia (España), a quien el Obispado no le renovó el certificado de idoneidad, que le autoriza a ejercer como profesor de religión, debido a que ha mantenido públicamente una conducta y opiniones en abierto contraste con el Magisterio de la Iglesia Católica. Se plantea la autonomía de la Iglesia Católica para juzgar la idoneidad del profesor de religión, el derecho de no proponer a docentes que han perdido esta cualidad y los estándares de interpretación que surgen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en orden a un legítimo control jurisdiccional.
