El principio rector de la evaluación de eficacia y seguridad de las prestaciones médicas es la incertidumbre clínica o también llamado " equilibrio ". En un escenario global de gobernado por la ausencia de consenso racional sobre los efectos de tratamientos específicos para combatir el virus identificado como SARS Co-V, el Estado tiene un rol determinante como garante del Bien Común a través del ejercicio del Poder de Policía Sanitario. En los casos de discusiones científicas la jurisprudencia, la Deontología Médica y el Derecho proponen como criterio de razonabilidad el trinomio compuesto por la efectividad objetiva del tratamiento a la luz de la evidencia científica, la opinión profesional libre e independiente y el respeto al ámbito de discrecionalidad médica.