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Antonio Descalzo González 
La atipicidad penal del consumo compartido de sustancias estupefacientes hace que la creación y existencia de asociaciones, grupos y centros de reunión dedicados a tal fin sea una realidad incuestionable en nuestra sociedad y, por tanto, en nuestras ciudades. No por otra razón, y en línea incluso con lo apuntado por la jurisprudencia penal, tanto desde las Comunidades Autónomas como desde los Ayuntamientos se han venido dictando normas dedicadas a regular las condiciones de ejercicio de esta actividad de consumo compartido de sustancias estupefacientes que, sin embargo, y en sus respectivos ámbitos de control jurisdiccional, tanto el Tribunal Constitucional como la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo han invalidado por la existencia de un tipo penal de amplios contornos que, al parecer, impide el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas para la ordenación de tales actividades.
