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¿Qué es lo que provoca el cambio normativo en los Estados en vías de desarrollo con historias de corrupción y mal gobierno? México post-Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) nos da una oportunidad única para estudiar una sola norma (Estado de derecho) en dos diferentes sectores (medio ambiente y trabajo). Se puede controlar en gran medida la sincronización de las nuevas presiones de supervisión del exterior (tlcan y Estados Unidos) así como del interior (el Congreso y la libertad de los organismos de información). La socialización de las normas del Estado de derecho es, por lo tanto, mejor explicada al ver de cerca las diferencias entre los organismos relevantes. Yo muestro la variación en 1) niveles de profesionalización entre los funcionarios de los organismos y 2) la permeabilidad de los organismos nacionales a la influencia exterior, lo cual explica en gran medida la variación entre los funcionarios de trabajo y del medio ambiente sobre las actitudes del Estado de derecho. Los organismos de trabajo estaban más constreñidos por los muy influyentes legados de intereses creados y esto limitó su capacidad para adaptarse a las nuevas presiones normativas. Estos hallazgos agudizaron nuestro entendimiento de cómo una cultura pro Estado de derecho puede ser absorbida, porque los dos sectores fueron simultáneamente sujetos a la nueva supervisión y presiones que los tenían en la mira.
What brings about normative change in developing states with histories of corruption and poor governance? Post-nafta Mexico gives us a unique opportunity to study a single norm (rule of law) in two different sectors (environment and labor). Much can be controlled —the timing of new oversight pressures from outside (nafta and the US) as well as inside (courts and freedom of information agency)—. Socialization of rule of law norms is therefore best explained by looking carefully at differences between the relevant agencies. I show that variation in 1) levels of professionalization among agency officials and 2) permeability of domestic agencies to outside influence, explains much of the variation between labor and environmental officials over attitudes to rule of law. Labor agencies were far more constrained by legacies of highly influential vested interests, and this limited their capacity to adapt to new normative pressures. These findings sharpen our understandings of how a pro-rule of law culture can be embedded, because the two sectors were simultaneously subject to the new oversight and spotlighting pressures.
