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La mediación penal constituye un mecanismo alternativo de resolución de conflictos (ADR) a través del cual un mediador ayuda a dos o más personas implicadas en un delito como víctima e infractor a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias, a confrontar sus puntos de vista y alcanzar acuerdos sobre el modo de reparación. Tras analizar el origen de la mediación penal, el presente artículo examina sus ventajas, la normativa vigente y las propuestas efectuadas en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020.
