Acceso usuarios
La actividad de los Juzgados y Tribunales españoles está condicionada, de forma previa, por la planificación, ordenación y gestión de sus medios personales y materiales. Sin embargo, este aspecto subsiste sin una política pública común, sujeto a soluciones coyunturales, y sin que nadie plantee con realismo qué está ocurriendo y qué debe hacerse para que la Justicia española, de una vez por todas, disponga de una organización de medios racional y capaz de convertir la tutela judicial del siglo XXI en una garantía auténticamente «efectiva».
