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Carolina Blasco Jover
El derecho de opción que posee, por regla general, el empresario cuando el despido es calificado por quien juzga como improcedente es una de las instituciones más asentadas del ordenamiento laboral y ha sido, en numerosas ocasiones, ratificado tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo. De hecho, su adecuación al marco constitucional, tras haber sido puesta en duda con ocasión de las reformas efectuadas por quien legisla en el año 2012, parece que no deba ser puesta en entredicho. Este estudio, sin embargo, tiene la intención de analizar los aspectos de su diseño que pueden contravenir tanto normas constitucionales (porque argumentos hay para rebatir la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto) como normas supranacionales, particularmente, el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo y la Carta Social Europea. Cuestiones tales como si debe ser eliminado del ordenamiento el derecho de opción (apostando claramente por la readmisión en todo caso de la persona despedida), la limitación de los salarios de tramitación, la atribución del derecho de opción o la posibilidad de instaurar un régimen indemnizatorio abierto, no sujeto a una tarificación tasada, serán objeto de examen en las páginas que siguen, porque, estando como parece que estamos a las puertas de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, tal vez sea hora ya de apostar por ciertas reformas a fin de recuperar el desequilibrio que se perdió tras una serie de continuas maniobras legislativas que terminaron por devaluar la posición de quien está empleado frente al despido.
When a dismissal is ruled as inadmissible by a judge, the right of option that can generally be exercised by employers is among the most firmly established in Labour law. It has been ratified on numerous occasions by both the Constitutional Court and the Supreme Court. The issue was debated during the reforms carried out by the legislator in 2012, yet it would appear that its adaptation to the constitutional framework is now unquestionable. The present study, however, aims at analysing aspects of its design that may contravene both constitutional rules (one may indeed advance arguments that counter the Constitutional Court's doctrine in this regard) and supranational rules, the ILO Convention "158 and the European Social Charter in particular. In the pages below we examine questions such as: whether the right of option should be eliminated from the legal system (clearly aiming at the dismissed person's reinstatement in any case); the limitation of procedural compensation; the attribution of the right of option; or the possibility of establishing an open compensation regime, non-subjected to taxed rates. Indeed, a new Workers' Statute seems imminent, and this may therefore be the right time to engage in certain reforms. The objective would be to regain the balance that was lost following a series of continuous legislative manoeuvres which ultimately devalued the position of employees in the face of dismissals.
