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En el presente trabajo analizamos las distintas medidas que, con motivo de la crisis sanitaria originada por el Covid-19, se han adoptado a favor de familias y colectivos vulnerables. Medidas que, en gran parte, evitan o retrasan los desahucios por falta de pago o expiración del plazo del contrato de arrendamiento. Asimismo, nos referimos a las medidas establecidas a favor de los arrendadores, ya que la mayoría son pequeños propietarios que también han podido verse afectados por la situación. Finalmente, nos aproximamos a las reformas previstas por el Anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda sobre el procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad.
