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La sentencia y sus secuelas jurídico-políticas fue objeto de atención por los medios de comunicación, no solo por haber condenado a un Diputado del Congreso -Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos-, sino además porque originó unas llamativas tensiones entre los poderes del Estado. Por ello se reflejan estos hechos con cierto detenimiento. Sin entrar en las cuestiones que afectan al derecho a la presunción de inocencia, el comentario se centra después en la condena a la pena de prisión, sustituida por una multa y -especialmente- a la pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo; esta última, con la intervención de la Presidenta del Congreso, deriva finalmente en la retirada a Rodríguez del acta de Diputado. Desde una perspectiva legal y constitucional se somete a crítica la controvertida figura de la “inelegibilidad sobrevenida” y, en consecuencia, también la privación del derecho de Rodríguez a permanecer en el cargo de Diputado.
