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Gabriela Aguirre Fernández
La literatura sobre la corrupción política coincide en que, en contextos de corrupción generalizada, frenarla a través de las instituciones es insuficiente. Es decir, las reglas formales como leyes y agencias anticorrupción no siempre se obedecen o hacen cumplir porque las personas consideran la corrupción como la conducta esperada. Por lo tanto, algunos mecanismos legales siguen sin aplicarse. Además, la perspectiva convencional sugiere que la lucha contra la corrupción es un problema de acción colectiva y falta de participación de la sociedad civil. No obstante, los académicos han ignorado el papel de las agencias híbridas internacionales para ayudar a abordar esta situación. En este artículo, proporcionaré elementos para llenar este vacío y demostrar que la Comisión Contra la Impunidad ha demostrado ser un medio eficaz para combatir la corrupción política y la impunidad en Guatemala. De manera similar, el legado de la Comisión implica un reto a las principales teorías de combate a la corrupción. Siguiendo una metodología de estudio de caso y realizando una revisión documental, argumentaré que la Comisión fue competente para enfrentar la impunidad, superar el dilema de la acción colectiva y fomentar la participación de la sociedad. Estos resultados fueron posibles gracias al diseño institucional híbrido de la Comisión y en menor medida, a la cooperación entre actores locales e internacionales.
Literature on political corruption agrees that in contexts with widespread corruption, curbing it through institutions is insufficient. That is, formal rules like laws and anti-corruption agencies are not always obeyed or enforced because individuals regard corruption as the expected behavior. Therefore, some legal mechanisms remain unenforced. In addition, the conventional perspective suggests that fighting corruption is a problem of collective action and lack of civil society engagement. Nonetheless, scholars have ignored the role of international hybrid agencies in tackling this situation. In this article, I will propose elements to fill this gap and demonstrate that the Commission Against Impunity has proven to be an effective means of fighting political corruption and impunity in Guatemala. Similarly, the Commission’s legacy challenges theoretical mainstream anti-corruption theories. Using case study methodology and pursuing a documentary review, I argue that the Commission was competent in tackling impunity, overcoming the collective action dilemma, and encouraging social participation. These outcomes were possible due to the Commission’s institutional design and, to a lesser extent, cooperation between local and international actors.
