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Se analiza por el TJUE si el artículo 63 de la Directiva 2014/24 sobre contratación pública, en relación con el artículo 57, apartados 4, letra h), y 6, y a la luz del principio de proporcionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional conforme a la cual el poder adjudicador debe excluir automáticamente a un licitador de un procedimiento de adjudicación de un contrato público cuando una empresa auxiliar, a cuya capacidad tiene intención de recurrir, ha presentado una declaración falsa sobre la existencia de condenas penales que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada, sin poder imponer, o, al menos, permitir, en tal caso, al referido licitador que sustituya a dicha entidad, contrariamente a lo previsto en los demás supuestos en que las entidades en cuya capacidad se basa el licitador no cumplen un criterio de selección pertinente o respecto de las cuales existan motivos obligatorios de exclusión.
