En un momento en el que España tiene pendiente la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, este trabajo analiza las tensiones generadas en el proceso penal por el régimen jurídico de los alertadores y su necesaria protección frente a represalias.