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Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno 
La elevada tasa de empleo temporal en la Administración Pública española se ha convertido en un problema estructural, en un fallo activo, que impide desarrollar una correcta gestión del personal, restando capacidad de eficacia y eficiencia a la organización pública. Los servicios públicos, como pilares del Estado del bienestar, se ven negativamente afectados por la imposibilidad material de desarrollar políticas de personal adecuadas a las necesidades reales de los ciudadanos. Esta situación tiene como principal causa el continuado incumplimiento de las normas reguladoras de la temporalidad, convirtiendo en ordinario, abusivo incluso, el uso de técnicas excepcionales. Los negativos efectos de este incumplimiento se advierten a través de la observación de los colectivos afectados y, en síntesis, del evidente daño al interés general poniendo en riego el modelo constitucional de empleo público, además de restar legitimidad y fortaleza a la propia Democracia. Resolver el problema, más allá de soluciones inmediatas basadas en la consolidación de situaciones de temporalidad y el refuerzo de medidas disuasorias, pasa por una mirada a largo plazo en la que el respeto a la legalidad sea el reflejo de una obligada y elemental lealtad institucional con el Estado democrático y de Derecho.
The high rate of temporary employment in the Spanish Public Administration has become a structural problem, an active failure, which prevents the development of proper personnel management, reducing the effectiveness and efficiency of the public organization. Public services, as pillars of the welfare state, are negatively affected by the material impossibility of developing personnel policies appropriate to the real needs of citizens. The main cause of this situation is the continued non-compliance with the regulations governing temporality, making it ordinary, even abusive, the use of exceptional techniques. The negative effects of this non-compliance are noticed through the observation of the affected groups and, in short, the evident damage to the general interest, putting the constitutional model of public employment at risk, in addition to reducing the legitimacy and strength of Democracy itself.
