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Francisco Andrés Valle Muñoz 
Los dispositivos de geolocalización del trabajador son un instrumento tecnológico de que dispone el empresario para controlar la prestación de trabajo, pero, a su vez, son un medio de prueba para acreditar incumplimientos contractuales del trabajador en el seno del proceso laboral. En el presente estudio se analiza el valor de los dispositivos de geolocalización como medio de prueba en el proceso laboral sobre la base de abordar tres grandes temas: el primero de ellos es el relativo a su licitud, sobre todo cuando la información contenida en ellos se obtiene con vulneración de derechos fundamentales del trabajador como son el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos de carácter personal, y, ligado con lo anterior, los efectos que ello conlleva en la sanción impuesta por el empresario al trabajador; el segundo tema está relacionado con la naturaleza jurídica autónoma o no de este medio de prueba y su calificación como prueba electrónica o digital y no como prueba documental; y el tercero de ellos está relacionado con la prueba sobre la autenticidad y exactitud de la información contenida en dichos dispositivos, y el recurso a otros medios probatorios alternativos para constatar tales circunstancias.
The geolocation devices of the worker are a technological instrument available to the employer to control the provision of work, but, in turn, they are a means of evidence to prove contractual breaches of the worker within the judicial process. This study analyses the value of geolocation devices as a means of evidence studying three main issues. The first of them is the legality of the evidence, when the information contained in the geolocation devices is obtained with violation of fundamental rights of the worker such as the right to privacy and the right to protection of personal data. Linked to the above, we study the effects that this entails in the sanction imposed by the employer on the worker. The second issue is the autonomous legal nature of this means of evidence and its qualification as electronic evidence and not as documentary evidence. The third is the evidence of the authenticity and integrity of the information contained in said devices, and the recourse to other alternative means of proof to verify such circumstances.
