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María Luz Rodríguez Fernández
En este artículo se analizan las políticas y normas del Ministerio de Trabajo entre 2004-2008 y 2008-2011, dos etapas por completo diferenciadas en cuanto a las medidas adoptadas y los contextos económicos de las mismas. La primera etapa estuvo caracterizada por un fuerte crecimiento económico y la expansión de nuevos derechos. En ella sobresale la aprobación de las Leyes contra la violencia de género, la de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la de atención a la situación de dependencia. También se reconocieron nuevos derechos a los trabajadores autónomos y se consideró la integración de la población inmigrante como elemento clave de la política migratoria. En la segunda etapa, se sintieron en toda su crudeza los efectos de la crisis económica de 2008 en términos de destrucción de empleo. En este contexto se aprueban nuevas formas de protección por desempleo, como el PRODI y el PREPARA, y se produjo la legalización de las agencias privadas de colocación. Tras la huelga general de 2010, se recupera el diálogo social y se firma el ASE en 2011, que da lugar a las reformas de las políticas activas de empleo, la negociación colectiva y las pensiones.
This article analyses the policies and regulations of the Ministry of Labour between 2004-2008 and 2008-2011, two completely different periods in terms of the measures adopted and the economic contexts in which they were adopted. The first period was characterised by strong economic growth and the expansion of new rights. The laws against gender violence, on effective equality between women and men and on care for dependent persons were passed. New rights were also recognised for the self-employed and the integration of the immigrant population was considered a key element of migration policy. In the second period, the effects of the 2008 economic crisis were felt in full force in terms of job destruction. In this context, new forms of unemployment protection were approved, such as PRODI and PREPARA, and private employment agencies were legalised. Following the general strike in 2010, social dialogue was revived and the ASE was signed in 2011, leading to reforms of active employment policies, collective bargaining, and pensions.
