Acceso usuarios
Francisco Manuel García Costa 
En el presente trabajo se analiza si el derecho fundamental a la educación del artículo 27.1 C.E. y los fines de la acción educativa de los poderes públicos recogidos en el artículo 27.2. C.E. exigirían o, al menos, posibilitarían la inserción en el sistema educativo español de la Educación Constitucional, es decir, la formación en la Constitución en los niveles obligatorios del sistema educativo. Para ello, examinamos en primer lugar, en clave de teoría general, algunas de las cuestiones fundamentales de la Educación Constitucional: la caracterización de este nuevo tipo de educación; su diferenciación de otras disciplinas similares cuyo objeto no es la exposición de la Constitución, sino la de la convivencia social; su fundamentación, como instrumento de una suerte de defensa paidética de la Constitución y del orden constitucional; y, por último, su condición, en tanto en cuanto la Educación Constitucional es una educación para los derechos humanos y para la igualdad de género, de instrumento para la realización de las metas del ODS nº4. A partir de estas cuestiones generales, concluimos que nuestra Constitución, a pesar de que no declara expresamente la obligatoriedad de su enseñanza en la Educación Primaria y Secundaria, la permite y que incluso cabría plantearse legítimamente la cuestión de la existencia implícita de esta obligatoriedad deducida de los mencionados artículos 27.1 C.E., 27.2 C.E. en relación con los artículos 27.5 C.E., 27.3 C.E. y 9.2 C.E.
This paper analyses whether the fundamental right to education in article 27.1 of the Spanish Constitution (CE) and the aims of the educational action of the public authorities set out in article 27.2 of the CE would require or, at least, make possible the insertion in the Spanish educational system a subject of Constitutional Education, that is, training in the Constitution at the compulsory levels of the education system. To this end, we first examine, in terms of general theory, some of the fundamental issues of Constitutional Education: the characterisation of this new type of education; its differentiation from other similar disciplines whose object is not the exposition of the Constitution, but that of social coexistence; its foundation, as an instrument of a kind of paid defense of the Constitution and the constitutional order; and, finally, its status, insofar as Constitutional Education is an education for human rights and gender equality, as an instrument for the achievement of the goals of SDG no. 4. On the basis of these general questions, we conclude that our Constitution, although it does not expressly declare the compulsory nature of its teaching in Primary and Secondary Education, allows it and that the question of the implicit existence of this compulsory nature deduced from the aforementioned articles 27.1 CE and 27.2 CE in relation to articles 27.5 CE, 27.3 CE and 9.2 CE could even be legitimately raised.
