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Una de las novedades más destacadas que trajo consigo la Ley 40/2015 fue la regulación de la denominada responsabilidad patrimonial del Estado legislador, siendo esta un mecanismo que se activa cuando los particulares sufren daños en sus bienes o derechos como consecuencia de la aplicación de leyes que, con posterioridad, son declaradas contrarias a la Constitución española o al derecho de la Unión Europea. Así pues, en el presente trabajo, desde la perspectiva de la regulación de esta materia en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), analizamos la más reciente doctrina del Tribunal Supremo, que parece caminar hacia la flexibilización de los requisitos procesales que deben cumplirse por parte del perjudicado para poder ejercitar la acción de responsabilidad. Asimismo, examinamos la posición adoptada por la Comisión Europea en relación con los requisitos que la norma española exige al ciudadano para poder ejercitar la acción de responsabilidad por un daño provocado como consecuencia de una ley declarada contraria al derecho europeo
