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Argentina
en este texto desarrollamos la incorporación al Derecho interno argentino de dos normas mercosurianas de la temática de la protección del consumidor, la Resolución 36/19 y la 37/19. La Resolución 36/19 establece catorce (14) principios fundamentales para actualizar los sistemas de protección al consumidor de los Estados Miembros. Esta norma busca brindar a los países miembros una herramienta que permita compatibilizar sus legislaciones internas mediante principios rectores. Ello, en reconocimiento de las asimetrías propias de los miembros y del respeto a su organización legislativa interna. La Resolución 37/19, resulta aplicable a los proveedores radicados o establecidos en los Estados Parte o que operen comercialmente bajo alguno de sus dominios de internet, y establece las obligaciones a su cargo. Mediante esta Resolución el MERCOSUR busca unificar criterios respecto al comercio electrónico en la región, a los fines de garantizar la protección de los derechos de los consumidores que adquieran bienes o servicios a través de Internet. Ambas Resoluciones se encuentran en línea con la moderna legislación de la Unión Europea, la ONU y la OCDE, las cuales fueron tenidas en cuenta para su elaboración.
In this text we analyze the incorporation into Argentine domestic law of two Mercosurian norms on the subject of consumer protection, Resolution 36/19 and 37/19.
Resolution 36/19 sets forth fourteen (14) fundamental principles for updating Member States' consumer protection systems. This standard seeks to provide member countries with a tool to make their domestic legislation compatible through guiding principles. This is in recognition of members' own asymmetries and respect for their internal legislative organization.
Resolution 37/19 applies to suppliers located or established in the States Parties or that operate commercially under one of their Internet domains and establishes the obligations for them. Through this Resolution, MERCOSUR seeks to unify criteria regarding electronic commerce in the region, to guarantee the protection of the rights of consumers who purchase goods or services through the Internet. Both Resolutions are in line with the modern legislation of the European Union, the UN and the OECD, which were taken into account in their drafting.
