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Este trabajo aborda el tratamiento de controversias que, a través del arbitraje internacional, puede promover un inversionista extranjero el cual, de acuerdo con el artículo 130 de la Ley Agraria, participa en sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, al considerar que ha sufrido daño o pérdida en sus inversiones con motivo del incumplimiento de las obligaciones de México como Estado huésped de la inversión, en términos del capítulo XI, sección B, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Constituye una reflexión propositiva a la luz de los laudos arbitrales dictados en contra del Estado mexicano.
