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Elio Agustín Martínez Miranda
Este artículo presenta diversas relaciones que tienen dos áreas especializadas y técnicas del derecho, que son los concursos mercantiles y las contrataciones públicas, y su vínculo con las denominadas micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES). A partir del método analítico, se propone en esta investigación que, en el proceso para que lleguen a un convenio el dueño de una empresa en estado de insolvencia y sus acreedores, las contrataciones públicas podrían tener un rol determinante en el plan de negocios ex profeso y con ello coadyuvar en la conservación de las operaciones de estas empresas, ya que el gobierno en sus tres órdenes es el comprador más importante de bienes y servicios. En el caso de las empresas declaradas en concurso mercantil en México, la propuesta anterior se ve reforzada, ya que de los 578 juicios concluidos del año 2000 hasta ahora, el 40.31 por ciento fue por acuerdo entre las partes y el 33.74 por ciento fue por conclusión de la quiebra, es decir, concurso mercantil no es sinónimo de quiebra, por lo tanto, al incorporar las contrataciones públicas en el plan de negocios de las empresas que están actualmente en concurso mercantil, se favorecería la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo, sin embargo, las leyes que regulan las contrataciones públicas impiden recibir proposiciones o adjudicar contratos a las empresas que hayan sido declaradas en concurso mercantil. Por último, algunos de los aspectos discutidos en esta investigación también pueden aplicarse en el caso de las grandes empresas.
This research presents various relationships that have two highly specialized and technical areas of law, which are insolvency proceedings and public procurement, and their link with the so-called micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs). Based on the analytical method, it is set out that, in the process to reach an agreement, the owner of a company in a state of insolvency and its creditors, public procurement could have a decisive role in the business plan on purpose and thereby contributing to the preservation of the operations of these enterprises, since the government is the most important buyer of goods and services. Thus, it is proposed to modify the corresponding administrative law, which prevent MSMEs, as well as large companies, that have been declared in a judicial insolvency proceeding, from participating in public procurement. In this regard, the previous proposal is reinforced with figures, since of the 578 insolvency proceedings concluded in 2000 so far in Mexico, 40.31 percent were by agreement between the parties and 33.74 percent were by conclusion of the bankruptcy stage, that is, insolvency proceeding is not synonymous with bankruptcy, therefore, by incorporating public procurement in the business plan of enterprises that are currently in insolvency proceedings, the possibility of the parties reaching an agreement would be favored, however, the legal framework that regulate public procurement prevent receiving proposals or awarding contracts to companies that have been declared in insolvency proceedings.
