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La diligencia y celeridad son esencia de la tramitación de los expedientes de contratación pública, sometidos a una doble legalidad jurídica procedimental: por un lado, una legalidad administrativa en cuanto se compone de una multiplicidad consecutiva de actos administrativos y, por otro lado, financiera en cuanto que supone un compromiso económico de gasto público; todo ello sin perjuicio de su propia normativa específica de regulación de la actividad pública contractual. La correcta tipificación jurídica inicial del contrato y su adecuada clasificación económica de su gasto son premisas de una eficaz y, por ende, eficiente gestión de la contratación pública, por cuanto su incorrecta e inadecuada conceptualización inicial puede suponer el reparo suspensivo por parte de los órganos de fiscalización, con la consiguiente retroacción del procedimiento, en muchos casos al propio inicio del expediente. Otras veces los reparos sin llegar a dicho extremo suponen un enorme retraso en la resolución de las discrepancias que entorpecen la cobertura de necesidades muchas veces perentorias. Las nuevas tecnologías, en particular, todo lo relativo al ámbito digital, está suponiendo un enorme desgaste en el cuerpo de gestores de la administración civil, por cuanto unas prácticas de tramitación poco consolidadas están siendo muy habitualmente observadas por los órganos de control, muchas veces con criterios dispares entre departamentos y organismos y, no pocas veces, cambiantes en función de la formación de sus funcionarios en el campo de los conocimientos tecnológicos del ámbito digital. Por ello, más allá de la fundamentación jurídica de la reflexión se realiza un enfoque eminentemente pragmático para ofrecer algunas pautas de mejores prácticas de gestión, en una coyuntura de creciente número de contratos en dicho ámbito, extraordinario crecimiento en el volumen de los fondos económicos a emplear y mayor complejidad en cuanto a las necesidades y prestaciones a satisfacer. El entorno digital adquiere muy diversas conceptualizaciones a efectos de estudio, pero quizás el más extendido refiere al fenómeno de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (NTIC); desde el punto de vista sociológico un proceso de evolución y profunda transformación social para alcanzar la sociedad de la información y el conocimiento. La contratación pública no es ajena al proceso, y el regulador ha intentado a su manera enfrentar los desafíos y retos cotidianos de la contratación de bienes y servicios en dicho campo. Sin embargo, el trabajo cotidiano de los actores vinculados a la contratación pública, no resulta nada pacífico desde el punto de vista conceptual, para poder conformar una serie de principios y criterios que facilitasen el desarrollo ágil, eficaz y eficiente de los expedientes de contratación pública.
Due diligence and swiftness are the core of public procurement, under a dual legality: on the one hand, under administrative norms insofar contracts are acts of a public administration, on the other hand, under public spending rules insofar it is money from the tax payers, and all under its own specific law. The correct legal definition of contracts and the proper economic classification of public spends are the foundations for effectiveness and, therefore, for efficientness in public procurement; because inadequate conceptualization or incorrect procedure can mean grave observations from control bodies; and contract documents can be return to the beginning of the administrative process. In many other cases, maybe not so severe consecuences, mean big delays in the resolution of the biddings. New information technologies, in particular, everything related to the digital field, is source of strain and stress for many public servants because of the lack of good practices and complaings from control bodies, often with very diferent control criteria among supervisor officials. It is why a pragmatic approach has been taken, to offer a kind of brief guieline for a better public management of contracts in this area at a time of an increasing nomber of contracts of very different needs in the digital field, at a time of an extraordinary growth in the volume of economic funds to be spent and a greater complexity in the terms of this needs to be satisfied. The digital environment acquires very diverse conceptualizations for study purposes, but perhaps the most widespread perspective refers to the phenomenon of new information and communications technologies (NICT); althought from a sociological point of view, it is a process of evolution and deep social transformation walking to the knowledge society.
Public procurement is not apart of these trends and regulators have tried to find the best approach to face these new need of goods and services so diferent from the previous ones.
Actors, however, involved with public contracts can not take peacefully many of these aspects from a conceptual point of view, because files and tasks must be done according to common principles and common criteria, in order to effective and efficient development of public procurement
