Acceso usuarios
Susana Gonçalves
Las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado la forma de actuar de las administraciones públicas, que, además de los objetivos de eficiencia económica, se enfrentaron a una revolución tecnológica, que se impuso a través del Derecho Público nacional y europeo. El sector de la contratación pública no desconocía esta tendencia, lo que provocó una modernización y estandarización de los procedimientos tecnológicos. La contratación pública electrónica es una de las iniciativas más relevantes, como instrumento que estimula la competencia, promueve procesos de toma de decisiones más transparentes y combate la corrupción. Otras ventajas comúnmente expresadas al referirse a los procedimientos de contratación electrónica son la dudosa reducción burocrática y la agilización de los trámites, lo que permite ahorrar tiempo y dinero. Con la publicación del Código de Contratos Públicos, Portugal dio el primer y decisivo paso hacia la desmaterialización de la contratación pública en un camino aún más ambicioso que el exigido por las directivas europeas. El sistema de contratación electrónica que impone el Código de Contratación Pública se basa en un pilar fundamental: las Plataformas de Contratación Electrónica. Las plataformas electrónicas apoyan la tramitación de todas las fases de los procedimientos precontractuales. Se guían por un conjunto de principios básicos que permiten su uso de forma libre y no discriminatoria, siendo monitoreados por un Instituto Público que supervisa a las empresas que administran las plataformas, asegurando así que se cumplan los derechos de sus usuarios. En el contexto de la pandemia de COVID-19, las plataformas de contratación electrónica contribuyeron a una gestión más eficaz, ya que tanto las entidades adjudicadoras como los operadores económicos en régimen de teletrabajo reajustaron su modo de operación y las plataformas de contratación electrónica fueron fundamentales para que la contratación pública se siguiera procesando en de manera transparente y competitiva.
Information and communication technologies have revolutionized the performance of public administrations which, along with economic efficiency objectives, are confronted with an innovative electronic Public Procurement Law, at a national and an European level. The public procurement sector followed this tendency towards modernization and legal standardization. Electronic public procurement is one of the most important initiatives of e-government as a tool to stimulate competition, foster more transparent decision-making processes and fight corruption. Another of the advantages commonly referred to in electronic contracting is bureaucratic reduction and speeding of procedures, allowing for time and money gains. With the publication of the Public Procurement Law, Portugal gave the decisive first step in the de-materialization of public procurement, towards a way that is more ambitious than what is demanded by the European directives. The system of electronic public procurement regulated by the Public Procurement Law stands on a fundamental pillar: The Electronic Platforms for Public Procurement. These platforms sustain the processing of all the phases of precontractual procedures. They are guided by a set of key principles that allow that these are used in a free and nondiscriminatory way, monitored by a Public Institute that oversees the companies that manage said platforms that way assuring that the rights of its users are protected. In the context of the COVID-19 pandemic, the electronic platforms for public procurement allowed for an even more efficient management: both the contracting entities and the economic operators adapted their way of functioning while working from home. The Electronic Platforms for Public Procurement were essential so that public procurement was still processed in a transparent and competitive manner.
