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Mario Luis Fuentes
La magnitud del reto social que el país enfrenta es mayor: de acuerdo con la más reciente medición de la pobreza que lleva a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), sólo dos de cada diez mexicanos no son pobres o vulnerables, mientras que los más de 97 millones de personas que sí lo son enfrentan múltiples carencias1 cotidianas y simultáneas; la desigualdad y la discriminación son cada vez más profundas y agudizan las injusticias de todo tipo; la violencia inunda el espacio social y la mayor parte de la población no puede acceder a procesos de procuración de justicia; al mismo tiempo, el balance de la política de desarrollo social implementada durante los últimos 40 años advierte que, pese a los avances, ésta sigue estando desarticulada, que duplica esfuerzos en detrimento de su efectividad, y que es más bien un conjunto fragmentado y segmentado de subsistemas que promueven desigualdades verticales y horizontales, y que en muchos casos no tienen una clara definición de su población objetivo ni del impacto deseado (Coneval, 2018a; Coneval, 2018c). Es necesario reconocer que la complejidad del reto social que el país enfrenta exige revisar los diagnósticos con los que se cuenta de cara a la urgencia que impone la realidad de millones de mexicanos; de ello depende la posibilidad de transitar en una ruta que permita articular, de forma acelerada, una política social construida desde la convicción de construir un verdadero Estado de Bienestar que garantice la posibilidad de tener un vida digna, tal como lo mandata la Agenda 2030 y el Artículo Primero Constitucional.
