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El derecho a un medio ambiente sano y saludable requiere de una actuación estatal que tenga como finalidad hacer cumplir la regulación ambiental, lo que, en principio, no debe contraponerse a incentivar la inversión privada. Recordemos que si bien la inversión cumple un rol de suma importancia para el desarrollo del país, no es posible obviar los impactos negativos que tienen diversas actividades económicas en el ambiente. Frente a estos impactos negativos, la función fiscalizadora del Estado juega un papel trascendental.En el presente artículo, la autora analiza el derecho al medio ambiente, a la vez que realiza una interesante crítica a la actitud que han venido mostrando los Estados frente al cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de las empresas.
