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El derecho fundamental a un juez independiente e imparcial constituye una exigencia irrenunciable, por intrínseca, del Estado de Derecho que, por ende, es columna basilar de las tradiciones constitucionales comunes a todos los Estados miembros de la Unción Europea. La heterogeneidad en la configuración de las instituciones políticas y sus diversos mecanismos de legitimación contrasta abiertamente con la uniforme extracción democrática de los jueces y magistrados que integran el poder judicial.
