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En el presente artículo se analizan las consecuencias prácticas de la STC 156/2021, de 16 de septiembre que declara inconstitucional el régimen de imposición de costas en caso de allanamiento de la entidad bancaria previsto en el Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y discriminatorio que dicha norma no proteja a los consumidores que no son personas físicas.
