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Los efectos económicos derivados de la COVID-19 han tenido una mayor duración en el tiempo, de modo que las medidas de apoyo a las empresas que fueron aprobadas a lo largo del año 2020, y que se centraban en facilitar su acceso a la liquidez, no garantizan la futura viabilidad de las empresas más afectadas por la pandemia. El legislador, preocupado por garantizar la solvencia de esas empresas, ha introducido un conjunto de instrumentos heterogéneo, con fuerte protagonismo del sector público, y que implica la financiación por un total de once mil millones de euros. Entre esos instrumentos, se incluyen algunos que afectan a los préstamos concedidos a empresas y autónomos por las entidades de crédito (entre otras instituciones financieras) y avalados por el Instituto de Crédito Oficial. El Real Decreto-ley introduce una flexibilización en las condiciones en que esa financiación fue concedida al objeto de facilitar su extensión en el tiempo, su transformación parcial por préstamos participativos o incluso la existencia de quitas parciales, todo ello en el marco de un Código de Buenas Prácticas de asunción voluntaria por las entidades de crédito.
The economic effects derived from COVID-19 have had a longer duration in time, so that the measures to support companies that were approved throughout the year 2020, and which focused on facilitating their access to liquidity, do not guarantee the future viability of the companies most affected by the pandemic. The legislator, concerned with guaranteeing the solvency of these companies, has introduced a heterogeneous set of instruments, with a strong role for the public sector, and involving financing for a total of eleven billion euros. These instruments include some that affect loans granted to companies and the self-employed by credit institutions (among other financial institutions) and guaranteed by the Instituto de Crédito Oficial (Official Credit Institute). The Royal Decree-Law introduces a relaxation of the conditions under which such financing was granted in order to facilitate its extension in time, its partial transformation into participative loans or even the existence of partial write-offs, all within the framework of a Code of Good Practices to be voluntarily assumed by credit institutions.
