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La aparición del COVID-19 ha sacudido al mundo entero desde su aparición, forzando a los Estados a adoptar el compromiso de desarrollar políticas públicas que contribuyan a evitar la expansión del virus, y a mermar los efectos del fuerte impacto que ha provocado. En ese sentido, nos encontramos ante una situación anómala, en donde más allá de los mandatos generales del Derecho Penal, dependiendo del contexto, podría interpretarse que con nuestro accionar, estamos incurriendo en delitos. Dicho esto, surge la interrogante sobre cuáles son los tipos penales a los que nos expone esta restricción de derechos a la que podemos vernos sometidos y cuál es la consecuencia por el incumplimiento de las medidas de prevención. Por otra parte, en estos casos, el bien jurídico tutelado, salud pública, debe ser entendido como un instrumento esencial de legitimación e interpretación del Derecho Penal. Donde hay un interés relevante social, existe la posibilidad que el Estado, a través de políticas criminales y del jus puniendi, establezca conductas que puedan ser reprimidas si esos bienes jurídicos son puestos en peligro. En ese sentido, no cualquier conducta puede ser relevante penalmente, y debemos tener en cuenta diferentes aspectos para ver si esa conducta adquiere la relevancia necesaria para la aplicación del Derecho Penal ante estas circunstancias. A raíz de todo ello, mediante el presente artículo nos propusimos introducir al lector en el análisis de las diversas políticas públicas adoptadas hasta el momento en Uruguay a efectos de proteger la salud pública, y su impacto desde la perspectiva del Derecho Penal.
Theappearance of COVID-19 has affected the most to the whole world since the beginning, forcing States to adopt the commitment to develop public policies that contribute to prevent the spread of the virus, and to diminish the effects of the strong impact it has caused. In this sense, we are facing an anomalous situation, where beyond the general mandates of criminal law, depending on the context, may beinterpreted that with our actions we are incurring in crimes. Having said that, the question arises as to which criminal categories this restriction of rights exposes us to and what the consequences are for failure to comply with preventive measures.On the other hand, the legal good protected, public health, shall be understood as an essential instrument of legitimization and interpretation of criminal law. Where there is a relevant social interest, there is the possibility that the State, through criminal policies and jus puniendi, may establish conducts that may be repressed if those legal rights are endangered. In this sense, not just any conduct can be criminally relevant. We must take into account different aspects to see whether that conduct acquires the necessary relevance for the application of criminal law under these circumstances. Considering all this, in this article we set out to introduce the reader to the analysis of the various measures adopted to datein Uruguay for protecting public health,and their impact from the perspective of criminal law
