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El tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, así como sus correspondientes regulaciones procesales, son objeto de continuo desarrollo e interpretación por parte de nuestra jurisprudencia. Sin embargo, hasta la fecha no existe consenso en la jurisprudencia sobre cómo aplicar e interpretar el artículo 105 del Código penal y menos aún existe alguna aproximación sobre cómo deberá aplicarse e interpretarse la Ley N.° 30424. Aun cuando el artículo 105 del Código penal está regulado desde el año 1991, recién en los últimos años hemos encontrado interesantes pronunciamientos que analizaron los presupuestos procesales de aplicación de las consecuencias accesorias. Sin embargo, en este artículo verificamos que estos pronunciamientos recogen criterios contradictorios y, por tanto, no otorgan seguridad jurídica.
Peru’s approach to criminal liability of legal persons and the applicable procedural regulations are subject to continuous development and interpretation in case law. However, there is no consensus to date on how to apply and interpret article 105 of the Criminal Code and even less certainty on how Law No. 30424 should be applied and interpreted. Although article 105 of the Criminal Code has been in force since 1991, it is only in recent years that interesting analyses have emerged on the procedural assumptions to implement ancillary consequences. In this article, we discuss that these analyses are based on contradictory criteria and, therefore, do not provide legal certainty
