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La calificación que ha de merecer el despido justificado mediante el uso de una prueba obtenida ilícitamente es uno de los debates judiciales que más controversia ha suscitado en los últimos años. Sin cerrar por completo el debate existente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/2021, de 15 de marzo, cuyo análisis constituye el objeto de este artículo, se pronuncia sobre el alcance del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de las personas trabajadoras y las implicaciones de la conducta empresarial vulneradora de esos derechos.
How to qualify a dismissal based on evidence unlawfully obtained is one of the most controversial labour matters in recent years. Without completely closing the discussion, Constitutional Court Ruling 61/2021 of 15 March, which is the subject of this article, has ruled on the scope of the right to privacy and secrecy of correspondence of employees and the implications of business practices that breach these rights.
