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Las decisiones de los órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos vienen siendo sistemáticamente ignoradas por el Estado español, incumpliendo, por tanto, sus obligaciones con los imperativos legales recogidos en los tratados de derechos humanos que voluntaria y expresamente aceptó. Factores que van desde las limitaciones institucionales hasta los cánones interpretativos restrictivos e incoherentes sobre la ejecución de estas decisiones internacionales impiden su aplicación. Aunque cualquier estrategia para lograr la implementación de estas decisiones es válida, no se debería esperar a una reforma legislativa o a la creación de un mecanismo gubernamental para tal fin, sino que la voluntad decidida de los órganos del Estado apoyados por la interpretación del artículo 10.2 de la Constitución debería bastar para acatar estas decisiones.
The decisions of the monitoring bodies of international human rights treaties have been systematically ignored by the Spanish State, thus failing to comply with its obligations to the legal imperatives contained in the human rights treaties that it voluntarily and expressly accepted. Factors ranging from institutional limitations to restrictive and incoherent interpretative canons on the execution of these international decisions impede their application. Although any strategy to achieve the implementation of these decisions is valid, one must not wait for a legislative reform or the creation of a governmental mechanism for this purpose. The determined will of the State organs supported by the interpretation of Article 10.2 of the Constitution should be enough to comply with these decisions.
