Acceso usuarios
Rafael Tamayo Álvarez
Contribuir con la eficiencia económica es el principal designio de la libre competencia. Su consecución se refleja en el correcto funcionamiento del mercado y en el ulterior beneficio para los consumidores. Cuando las normas sobre libre competencia proscriben conductas empresariales, es porque se trata de acuerdos o prácticas comerciales que menoscaban la eficiencia del mercado. En consecuencia, para determinar el carácter anticompetitivo de una conducta, se analizan sus efectos sobre el principio de eficiencia económica. Facilitando este estudio, las normas de competencia incorporan sistemas de valoración que permiten identificar la naturaleza anticompetitiva de una conducta, en contraste con su contribución en la obtención de ventajas procompetitivas, para ponderar cuál es su efecto general sobre la competencia. No obstante, existen conductas tan graves para la eficiencia del mercado, que su ilegalidad resulta connatural a su existencia. Colombia no cuenta con disposiciones claras que permitan inferir la existencia de este último tipo de conductas.
Esta situación quedó en evidencia cuando el Consejo de Estado tuvo que decidir acerca del carácter restrictivo de un acuerdo de precios. ¿Existen en Colombia acuerdos comerciales inherentemente restrictivos, o su anticompetitividad depende de que sí causen detrimento real a la eficiencia económica? Estas y otras cuestiones serán analizadas.
The ultimate goal of antitrust policy is promoting a healthy and fair contest between competitors within a relevant market. The achievement of this objective brings two important rewards: economic efficiency and consumer welfare. Conversely, cartels and other antitrust conducts undermine the benefits associated with competition.
Therefore, when enforcing antitrust law, competition authorities carry out an assessment focused on analyzing the overall effect on competition produced by the conduct.
Nevertheless, practices that entail an egregious and evident violation of antitrust law are regarded as per-se infractions.
Many States have developed guidelines to differentiate perse infractions from those which are declared anticompetitive only after studying their real impact over market´s efficiency.
Colombia does not have this type of guidelines, and neither a clear regulation on the matter. This situation was exposed in a recent judgment regarding a price-fixing agreement.
The controversy on whether per-se infractions are possible under Colombian competition law, vis-à-vis the importance of conducting an economic analysis before deciding whether a practice has negative affected Colombian markets, is the main focus of this essay.
