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Brent Berlin, Elois Ann Berlin
En 1998 dio comienzo un proyecto de prospección biológica entre las comunidades mayas de los Altos de Chiapas (México), cuya duración prevista era de 5 años y que iba a ser conocido como proyecto Maya ICBG. Lo financiaban una serie de organismos públicos estadounidenses: los Institutos Nacionales de la Salud, la National Science Foundation [Fundación Nacional de la Ciencia] y el Ministerio de Agricultura, y su personal procedía de una gran universidad estadounidense, una institución federal mexicana de investigación y una pequeña empresa farmacéutica británica, a lo que se sumaban numerosos colaboradores mayas. El proyecto tenía por principales objetivos los siguientes: el descubrimiento y desarrollo farmacéutico de sustancias medicamentosas; la etnobiología y el inventario florístico; la conservación y recolección sostenible; y el crecimiento económico. Pese al firme apoyo de comunidades mayas locales y organismos federales mexicanos, el proyecto quedó interrumpido en su segundo año a causa de las acciones de ONG locales, nacionales e internacionales, que lo calificaron de piratería biológica. La agria controversia que se desató giraba principalmente en torno a la definición de "consentimiento informado previo", el derecho de las comunidades locales a otorgar ese consentimiento y quién estaba facultado para dictaminar si efectivamente se había obtenido consentimiento informado previo. En el presente artículo describimos el proceso que culminó con la suspensión del proyecto Maya ICBG y cuestionamos los métodos y las motivaciones de ciertas ONG que usurpan el derecho de las comunidades locales a actuar en nombre propio por lo que respecta a la utilización sostenible de sus recursos biológicos.
